En los últimos días fue un tema mediático el “golpe” o “autogolpe” del comandante del Ejército, Juan José Zúñiga. Sobre ese tema seguramente habrá una investigación, pero esto no quita que analicemos las declaraciones y el discurso que el militar manejó en este proceso: afirmaba que el Ejército es el brazo armado del pueblo. Evidentemente es un brazo armado, pero ¿del pueblo?
Para empezar, el pueblo no tiene el privilegio de la jubilación con el 100% de su salario como tienen los militares, no tiene trabajo seguro al terminar sus estudios superiores. El pueblo no goza de dotación de víveres y uniformes aparte de su salario, no tiene acceso a viviendas o casas pagadas por el Estado. Por tanto, esta institución privilegiada es todo menos pueblo.
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La afirmación de ser “brazo armado del pueblo” es tan jocosa que debemos analizarla no solo en función de la coyuntura, sino también a la luz de los hechos históricos. En el ámbito externo, de defensa de nuestras fronteras y soberanía nacional, lamentablemente nunca o casi nunca tuvimos un Ejército ganador; en el ámbito interno, podemos identificar una formación y estructuración del Ejército con una finalidad represiva, su colocación espacial está en función de imponer el orden interno y no así la seguridad externa, no es casual que la ubicación de los cuarteles esté en las ciudades y no en las fronteras.
La actual oficialidad del Ejército en el país viene de la histórica tradición de imposición del orden interno, que no es más que el silenciamiento por la fuerza del pueblo. Estamos hablando aquí de la masacre a mineros en San Juan (1966), matanzas a campesinos del valle de Cochabamba (1975), asesinato de Marcelo Quiroga Santa Cruz (1980), “guerra del agua”, “guerra del gas”, entre muchas otras. Recientemente en 2019, después de estar encerrados en sus cuarteles por más de 14 años hicieron su lamentable aparición en la llamada «pacificación» del país, lo que posteriormente fue calificado como ejecuciones sumarias por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH, cuando en acciones conjuntas, policías y militares dejaron un saldo de 36 personas asesinadas y más de 500 heridas.
Ya Zavaleta, en Las masas en noviembre, hacía una reflexión sobre el rol del Ejercito de 1952 en la reconstitución burguesa y la traición a la Revolución de Abril: «…Hay siempre dos ejércitos dentro de cada uno, por un lado el Ejército de la nacionalización, el que siente profundamente los aspectos nacionales que preexisten a la nación. Por otro lado, el ejército clásico, su función es resistir al cerco de los indios y el 9 de abril no es sino la actualización de un atavismo llamado Katari. Bolivia resulta, para esta perspectiva, aquello que ha quedado intramuros, cercado por el malón de la indiada…»
Sabiendo muy bien que las FFAA después de 2019 son un tema muy pendiente por parte del Estado Plurinacional, que se requiere su profundo cambio y transformación, las declaraciones que Zúñiga hacía públicamente desde la anterior semana debieron ser cortadas de raíz y castigadas con la baja definitiva ya desde el lunes con los elementos que se tenía, pero ni el ministro, ni el Presidente dijeron nada, claramente se buscó un rédito político en la interna del MAS, ya que Zúñiga atacaba a Evo Morales cada que podía, empero, ¿qué tan torpe o desesperado tienes que estar para que desde el Gobierno, solo por un afán electoral, dejes hablar y actuar para maniobrar a tu favor las declaraciones anticonstitucionales de un oficial del Ejército? Eso es jugar con fuego.
En la disputa interna del MAS este hecho es un grave error, haber dejado hablar, amenazar y actuar a un militar, y esperar a que haga lo que hizo es un flaco favor a quienes pidieron de rodillas y con la Biblia en la mano, en 2019, una intervención militar.
(*) Roddy Martínez V. es abogado y economista
