Cuando comenzó este periodo de la Corte Suprema en octubre pasado, una de las predicciones más intrigantes de los comentaristas fue que la jueza Amy Coney Barrett saldría de su caparazón y emergería como la nueva jueza indecisa de la corte, emitiendo el voto decisivo en los casos más divisivos.
Los comentaristas acertaron en la mitad de los casos: si se analizan los argumentos orales que ha presentado el tribunal y las decisiones que ha dictado en los últimos nueve meses, no cabe duda de que la jueza Barrett ha encontrado su voz y se ha convertido fácilmente en la jueza más interesante. Sus preguntas durante los argumentos son penetrantes; el análisis de sus opiniones escritas no escatima en detalles.
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Sin embargo, la segunda parte de esa predicción no se cumplió. La jueza Barrett se puso del lado de algunos o todos los tres jueces demócratas designados en varios de los casos más importantes del periodo, pero sus correligionarios conservadores rara vez se unieron a ella. De hecho, mientras establecía su independencia basada en principios en el centro de la corte, los otros cinco jueces republicanos designados solo se movieron más hacia la derecha.
Incluso cuando la jueza Barrett se unió a los otros cinco designados republicanos al sostener que los presidentes gozan al menos de cierta inmunidad frente al procesamiento penal, hizo todo lo posible para contraatacar la decisión más controvertida de la mayoría: que la conducta protegida ni siquiera puede usarse como prueba en procesos penales contra exjefes ejecutivos.
Este patrón se ha repetido en el contexto más opaco de las solicitudes de emergencia. En marzo, cuando el tribunal permitió brevemente que entrara en vigor el nuevo régimen de deportación a nivel estatal de Texas, fue un empujón no tan sutil de la jueza Barrett, en una opinión concurrente, lo que impulsó al Quinto Circuito a ponerlo rápidamente en suspenso (donde permanece).
Y en enero, fue la jueza Barrett quien proporcionó el quinto voto para permitir que la administración Biden retirara el alambre de púas que el gobernador Greg Abbott de Texas había colocado a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, desactivando así lo que había sido un conflicto en ciernes entre las autoridades estatales y federales en la ciudad de Eagle Pass y sus alrededores.
La jueza que se refleja en todos estos casos es la de una persona que, en sus escritos, parece tener principios, ser matizada y justa, independientemente de los resultados que sus votos acaben apoyando. Muchos de nosotros quizá no estemos de acuerdo con los principios reflejados en sus escritos. Lo que no se puede dudar es que son principios y que, en mayor medida que muchos de sus colegas, la jueza Barrett hace todo lo posible por respetarlos.
Al igual que con su disidencia en el fallo de obstrucción del 6 de enero, la jueza Barrett parece dispuesta a aceptar que la corte vive en el mundo real y que las reglas que dicta deben estar diseñadas para funcionar realmente en la práctica y persuadir a quienes las leen de que la corte entiende los límites de su papel apropiado en nuestro sistema constitucional.
Al final, este contraste es quizás una de las conclusiones más definitorias —y más escalofriantes— del mandato de la Corte Suprema: la jueza Barrett salió de su caparazón, mientras que los otros designados por los republicanos se replegaron en el suyo.
(*) Stephen I. Vladeck es profesor de Derecho y columnista de The New York Times
