La Constitución señala que “La nación boliviana está conformada por la totalidad de las bolivianas y los bolivianos, las naciones y pueblos indígena originario campesinos, y las comunidades interculturales y afrobolivianas” (artículo 3). Es decir, Bolivia sería una “nación plurinacional”.
Cabe recordar que las masivas movilizaciones desatadas en los primeros años de este siglo no solo pusieron sobre la mesa de discusión, una vez más en la historia del país, el “problema del indio”, sino que abrieron el camino para redefinir al Estado. Por aquel tiempo se fueron posicionando de forma masiva en el occidente del país elementos simbólicos y discursivos que confrontaban la retórica estatal nacionalista de la igualdad, señalando diferencias en el orden social.
Consulte: Censos, indígenas y procesos políticos
Frente al “todos somos bolivianos”, se fue articulando ampliamente un posicionamiento desde el cual se identificaban, en relación a la pertenencia étnica, asimetrías entre bolivianos de primera y de segunda. Así, la autoidentificación indígena se fue convirtiendo en una identidad política “de masas”. Desde la pertenencia a comunidades locales y a determinadas etnicidades se cuestionó a quienes monopolizaban la representación política de la “comunidad nacional”.
En ese sentido, por ejemplo, enarbolar la wiphala y afirmarse como aymara fue un modo de poner en duda y disputar la legitimidad de determinados grupos en la conducción del país. Esto tuvo mucha importancia en la antesala del surgimiento del Estado Plurinacional y de hecho lo condicionó, despertando a la vez una respuesta desde el oriente del país en tanto prefiguraba un cambio en la correlación de fuerza y en la influencia que las élites cruceñas tenían en el gobierno central.
Empero, si en el occidente de Bolivia se confrontó a determinados grupos de poder posicionándose desde la diferencia étnica y señalando las jerarquías de un orden racializado, cuestionando así la supuesta igualdad en la “comunidad imaginada”, en el oriente el terreno era y es distinto. Las personas que provienen de poblaciones que han politizado su etnicidad en la parte andina y que se han asentado en Santa Cruz no se encuentran ante una retórica de igualdad, sino ante el señalamiento explícito de su diferencia étnica como condición de inferioridad y que las hace a la vez objeto de extranjerización.
A priori son identificadas como negativamente distintas, siendo subsumidas en la identidad regional en condición de miembros de segunda, distintas a los “cambas cambas”. En el marco de la producción identitaria oriental dominante su pertenencia étnica los convierte en invasores. Así, las etnicidades que en el occidente fueron parte central de la identidad política que se formó contra a la élite q’ara no han logrado, hasta ahora, convertirse en factores de articulación frente a la élite cruceña.
Desde luego, para esa élite la identidad regional es un “recurso movilizable” para contener los cambios que ha tenido su epicentro político principalmente en La Paz. En esas condiciones, no debería sorprender que los migrantes andinos en el oriente del país encuentren un “refugio” en la identidad boliviana en tanto la asumen como un elemento de “igualdad” frente a quienes los extranjerizan. Es como si dijeran: soy tan boliviano como tú y, por lo tanto, tengo los mismos derechos.
La geografía del poder económico ha cambiado en el país, lo que se expresa, por ejemplo, en el flujo poblacional andino que se dirige a Santa Cruz. En su momento La Paz fue el epicentro al cual se dirigían las migraciones, todo eso implicó un proceso de transformaciones incluso en la identidad del país. Hoy, los flujos poblacionales que se dirigen a Santa Cruz no solo son triturados étnicamente, también están redefiniendo “subterráneamente” la identidad boliviana en tanto buscan ser tratados como iguales, dándole contenido a esa identidad desde su propio recorrido histórico.
(*) Carlos Macusaya Cruz es docente de Comunicación Social (UPEA)
