El 28 de julio se celebraron elecciones presidenciales en Venezuela, donde el electorado debía definir entre los dos principales candidatos: Nicolás Maduro, que aspiraba a la reelección por tercera vez, contra el líder opositor Edmundo González Urrutia. Cuando todas las encuestas apuntaban a este último como posible ganador con un amplio margen de ventaja sobre su contendor, el Consejo Nacional Electoral, después de inexplicable demora, en la madrugada, sorpresivamente con solo el 80% de los votos escrutados declaró solemnemente triunfador al presidente Maduro. Con el apoyo de las actas electorales en mano, la oposición demostró la existencia de un grosero fraude, motivo por el cual desconoció la supuesta victoria oficialista. Actitud que fue apoyada por la mayoría de los países latinoamericanos, los Estados Unidos, la Unión Europea y la secretaría de la Organización de Estados Americanos, todos ellos exigiendo la presentación de las actas electorales para concertar una rigurosa auditoría que aclare el diferendo. Entretanto, las calles se llenaron de ciudadanos que protestaban por el robo de sus sufragios altamente esperanzadores. Lamentablemente, la represión policial se tradujo en muertos, heridos y centenas de arrestados.
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En verdad, Venezuela no es excepción en la falta de confianza en los administradores electorales, pues ello ocurre en todas partes del mundo, incluso, como se sabe en Estados Unidos.
Con la informatización de los procedimientos, la acción del voto ciudadano es una actividad elementalmente mecánica de fácil organización, en todas sus etapas: control del padrón electoral, registro ciudadano y recojo de datos en las mesas electorales.
Parece haber llegado el momento de confiar esa noble tarea a un ente supranacional, bajo la tuición, por ejemplo, de Naciones Unidas. Sería un organismo eminentemente técnico, compuesto por expertos informáticos altamente calificados, inodoros, incoloros e insípidos, políticamente hablando.
Naturalmente, esta es una primera idea que podría servir de base para un debate más detallado, teniendo en cuenta la adaptación necesaria para la legislación nacional de cada país.
(*) Carlos Antonio Carrasco es doctor en Ciencias Políticas y miembro de la Academia de Ciencias de Ultramar de Francia
