Desde la noche del domingo 28 de julio, tras las elecciones en Venezuela, el relato del fraude, como ocurrió en Bolivia en 2019, se instaló en los espacios mediáticos y en las redes sociales opositoras al gobierno de Nicolás Maduro. Como si fuera parte de un mismo guión, el discurso del fraude urdido por la derecha venezolana se expandió velozmente y, paralelamente, se convocó a la movilización de la gente. A partir de allí se generó un clima de inestabilidad política que, luego, como sucedió en Bolivia, desembocó en un clima de violencia in extremis.
A partir de esos hechos de violencia, el reelecto presidente venezolano denunció un golpe de Estado en su contra. En rigor, la ruptura constitucional en Bolivia comenzó con la denuncia de un candidato opositor contra el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) sobre que existió un “fraude descomunal” cuando se cortó la transmisión de resultados electorales preliminares y, acto seguido, ese candidato perdedor convocó a la muchedumbre a salir a la calle a “defender el voto”, lo que culminó con la quema de las instalaciones de Tribunales Departamentales Electorales. Posteriormente, 21 días de movilizaciones opositoras después, se asestó un golpe a la democracia boliviana.
En Venezuela, el discurso de fraude proliferado por el candidato Edmundo González Urrutia —ficha de la opositora María Corina Machado— se irrigó por las redes sociales. Otro rasgo en común con Bolivia, las fake news fueron ingredientes indispensables para comprender el papel de la desinformación como un mecanismo propagandístico en aras de la manipulación. O sea, la misma receta aplicada en otros países cuando las derechas se sentían perdedoras en una contienda electoral: apelan al relato del fraude electoral, mecanismo para legitimar acciones desestabilizadoras contra la democracia.
Obviamente, los procesos desestabilizadores a las democracias, previo un periodo conspirativo, tienen que circular por el espacio digital, no solamente para la difusión de noticias falsas, sino también para los ataques cibernéticos; por ejemplo, eso sucedió con el monitoreo de difusión de resultados electorales del Consejo Nacional Electoral (CNE). Algo parecido acaeció en Bolivia con la paralización del TREP (Trasmisión Rápida de Resultados Electorales Preliminares); antes del conteo final fue el pretexto, como ocurre hoy en Venezuela, para una cruzada desestabilizadora que culminó con un golpe de Estado.
Las democracias latinoamericanas donde existen gobiernos progresistas están en vilo. La estrategia de las derechas perdedoras es generar un ambiente propicio para asestar golpes a la democracia, sea por la vía del lawfare (guerra jurídica) o por la vía de la guerra digital con la intervención de granjas de trolls (soldados de la desinformación) al servicio de los afanes desestabilizadores que buscan invertir la verdad, posicionar una mentira que sirva para la movilización política con el propósito de derrocar a un gobierno democráticamente elegido.
Los golpes de Estado de hoy, a diferencia de antes, son más complejos ya que ese axioma goebbeliana: “mentir, mentir que algo queda”, se sofisticó con el uso de las herramientas digitales que se convirtieron en medios eficaces para la mentira. Quizás, para despejar estas dudas los gobiernos progresistas de Brasil, México y Colombia pidieron la revisión de las actas electorales para conocer públicamente los datos desglosados de las mesas de votación de los comicios presidenciales. O sea: recurrir a los datos verdaderos para cotejar con las mentiras vertidas por la oposición derechista venezolana.
Yuri Tórrez
es sociólogo
