Según la norma constitucional, la democracia representativa rige en el Estado Plurinacional de Bolivia y se ejerce mediante la elección de autoridades y representantes en sus tres niveles del Estado, mediante el voto universal, secreto y directo; asimismo, elegimos autoridades judiciales, de administración y de vigilancia. El espíritu democrático de nuestra Constitución Política guarda recelosamente el legado de la democracia como parte del patrimonio del país, luego de la década de los 80, por ello es que el régimen electoral se asienta en la elección de la mayoría con el reconocimiento a las minorías, por ello el Estado boliviano tiene un sistema electoral mixto proporcional y de mayorías.
Los derechos políticos, constitucionalmente están resguardados y garantizados al ciudadano, tienen una conexión natural con el derecho al sufragio activo o pasivo; se presuponen mutuamente y se relacionan entre sí, pues el sufragio es el derecho político y constitucional que permite al ciudadano participar en eventos electorales.
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Cuando existe un proceso electoral es muy penoso ver que en nuestro Estado, el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) tenga tan poco interés de socializar las propuestas de planes de gobierno. Su brazo operativo que es el Sifde tiene una misión que no ha cumplido a cabalidad respecto al fortalecimiento democrático, la cual está traducida en la educación ciudadana electoral; no existe una política sostenible y efectiva para construir criterios preelectorales que informen a la población, ni hablar del ciudadano que ha adoptado la mala praxis de emitir el voto subjetivo, “el famoso no me cae, entonces votare por el que hace tiktoks”, convirtiéndose en el cómplice de las malas decisiones de una autoridad que fue elegida de forma inconsciente.
Estos dos elementos obviamente dan pie a que en pleno 2024, cuando se aproximan tiempos electorales acelerados, los ciudadanos tengamos que exigir que el Órgano Electoral cumpla con su función de fortalecimiento a la democracia, caso contrario seguiremos sin darle importancia al sufragio, sin tomar consciencia de la responsabilidad que tenemos al momento de poder delegar un mandato “conscientemente”. Eso pasa porque no conocemos propuestas en etapa preelectoral, no existe un voto informado, no hay una política de educación ciudadana, prima la demagogia, la basura desinformativa de redes sociales; por ejemplo, estamos seguros que el actual retroceso en la sede de gobierno se hubiera evitado si tan solo los ciudadanos hubieran votado de forma objetiva, informándose, analizando propuestas de planificación para el desarrollo y una buena administración de la ciudad maravillosa, y vemos que eslóganes de buenas intenciones intangibles de paz, amor, etc., no construyen futuro, ni garantizan una gestión por resultados que generen valor público; por el contrario, se ha degenerado el sueño de una ciudad sostenible que debería tener el propósito de mejorar la calidad de vida de sus habitantes de forma tangible.
Hoy por hoy, tenemos en puertas una elección judicial de la cual otra vez sabemos muy poco, posteriormente a ella estaremos frente a una campaña electoral nacional y subnacional donde va a primar la guerra sucia; para entonces, con seguridad el ciudadano seguirá con una nula formación democrática, restándole importancia al voto informado, ese voto que se basa en la responsabilidad de no dejarse llevar por apasionamientos de momento, ni información basura. Es por ello que el OEP debería efectuar su trabajo responsablemente, entendiendo que la educación ciudadana y la democracia se constituyen en una alianza fundamental contra la demagogia y la información basura que hoy gobierna en las redes sociales.
Para tomar una buena decisión electoral es necesario promover buenas prácticas de información objetiva, con el propósito de formar criterio, con el objetivo de construir instituciones sólidas en democracia, bajo el mando de autoridades responsables, que no sean simples delegadoras de la toma de decisiones. Para ello es necesario plantear una estrategia efectiva de la práctica de cultura ciudadana preelectoral, toda vez que el destino de nuestro país no debe seguir basándose en subjetividades. El ciudadano lee, no analiza, y vota de forma irresponsable, sin pensar que está garantizando las malas gestiones que tienen como resultado la insatisfacción de una población que día a día se convierte en cómplice de las autoridades que ha elegido en base a subjetividades.
(*) C. Melody Jiménez López es abogada constitucionalista, experta en gestión de política pública y desarrollo sostenible. (Una ciudadana que aún cree en la educación ciudadana democrática)
