Como siempre las empresas públicas son objeto de una tupida controversia; sin embargo, es necesario revisar el rol que cumplen dentro la economía nacional, en la diversificación de la producción y la industrialización, insertados en sectores estratégicos para promover el dinamismo económico del país; aportando a la estabilización de precios de la canasta familiar, el acceso a la energía de uso doméstico, hidrocarburos (diésel y gasolina), generación de empleo, apoyo a políticas sociales y como polo de desarrollo en las diferentes áreas del territorio boliviano.
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En ese sentido, es importante conocer que las empresas públicas —según sus estados financieros de la gestión 2023— registran resultados positivos y reportan haber generado recursos por la venta de bienes y servicios, con ingresos operativos y otros ingresos que rondan los Bs 70.000 millones, presentando un incremento en sus ingresos operativos respecto al año 2022. No obstante, YPFB muestra una disminución del 17% respecto al 2022, lo que responde a la reducción de los precios internacionales de los productos derivados de hidrocarburos; disminución que, combinada con la declinación de la producción, tiene impacto directo en los ingresos.
Respecto al resultado de la utilidad neta, los estados financieros evidencian que en promedio hay un crecimiento del 37%, el que se explica a través del incremento de la participación de las empresas públicas en el mercado nacional, y la reducción en sus costos operativos. Entre las empresas públicas más relevantes en crecimiento de sus utilidades netas se encuentran ENDE con Bs 1.000 millones, Comibol con Bs 350 millones, Ecebol con Bs 70 millones, Emapa Bs 250 millones y la Gestora con Bs 97 millones aproximadamente.
Ahora bien, en medio de todo esto es necesario hacer un alto para ver que nuestras empresas públicas tienen una data que sobrepasa a la de este gobierno, como es el caso de la electricidad e hidrocarburos, que fueron objeto del afamado proceso de “capitalización”, proceso que en su momento provocó la indignación del pueblo boliviano con la consiguiente convulsión social que atrajo el consecuente ejercicio de la fuerza represora del Estado, para hacer entrega de estas empresas estratégicas y rentables a manos privados con el pago de la mitad del precio de ellas, entregándoles el control de esas empresas, secuestrando la participación del Estado en manos de la Administradoras de Fondos de Pensiones y que, en todos los casos, incumplieron sus compromisos de inversión.
En síntesis, si bien no deja de ser necesaria la revisión y ajuste de la gestión de todas nuestras empresas, los resultados del 2023 son favorables para el pueblo boliviano, y se reflejan a nivel cualitativo en la democratización de los servicios, mejorando exponencialmente su acceso, en el cobro de tarifas justas y razonables en función a factores de orden económico y social, pero además responden a políticas sociales como el aporte para el pago del Bono Juancito Pinto, que ha beneficiado a más de 2 millones de estudiantes de Primaria, Secundaria y Educación Especial de las unidades educativas fiscales y de convenio de los nueve departamentos del país.
(*) Anahí M. Chuquimia Vargas es analista económico
