Cuando un ciudadano acude a las urnas para participar en una decisión colectiva, se suele hablar de una “fiesta democrática”, porque el soberano tiene la posibilidad de influir en el rumbo del país. Sin embargo, las elecciones judiciales de 2024 están lejos de merecer ese calificativo; son, más bien, un desastre.
En primer lugar, estas elecciones carecen de los elementos esenciales de una democracia informada. La mayoría de los ciudadanos desconoce a los candidatos que postulan y, lo que es más preocupante, no tiene claridad sobre la composición y funciones del Órgano Judicial ni del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
Este desconocimiento no es casual; es el resultado de un proceso electoral opaco, que no fomenta el acceso a la información ni la transparencia, aspectos sumamente importantes para una decisión consciente y responsable.
Por decisión de un suprapoder injerencista, estas elecciones no solo son confusas para el ciudadano, sino que violan principios fundamentales de la Constitución. La fragmentación y deterioro de los procesos electorales, impuestos por decisiones del TCP, han sentado un precedente peligroso y nefasto para la democracia.
En lugar de elecciones integrales y únicas, como lo establece la Ley de Elecciones Judiciales, se ha optado por un proceso fraccionado que debilita la institucionalidad y la legitimidad de los resultados.
El domingo 15 de diciembre, solo 19 de los 26 miembros de los tribunales Supremo de Justicia, Constitucional, Agroambiental y del Consejo de la Magistratura serán elegidos, incluyendo titulares y suplentes. Este hecho no solo refleja la fragmentación del proceso, sino también la incapacidad del sistema político para garantizar elecciones completas e integrales.
Desde su origen, en la Asamblea Legislativa, estas elecciones enfrentaron múltiples tropiezos. Los parlamentarios fracasaron en la tarea de conformar las listas de precandidatos, debido a la división interna de las bancadas y a la injerencia del TCP, que impuso decisiones que obstaculizaron el desempeño de los órganos Legislativo y Electoral.
Esta dinámica de subordinación y desorden institucional evidencia la urgente necesidad de reformar el sistema y fortalecer la institucionalidad. La Constitución de 2009, que en su momento fue vista como un avance significativo para la democracia, hoy muestra sus limitaciones y exige una estricta revisión.
Abrir la Carta Magna será una tarea crucial para el próximo o próximos gobiernos, ya que es la única forma de frenar el poder excesivo de un TCP controlado por magistrados prorrogados, quienes actúan como presidentes de un cuasipoder.
Especialmente preocupantes son los casos de los prorrogados Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano y René Yván Espada Navia, quienes, con sus polémicos fallos, han marcado negativamente las elecciones judiciales.
Las elecciones de este 2024 no son una fiesta democrática, sino un recordatorio de las profundas fallas estructurales de nuestro sistema político. La falta de transparencia, la manipulación institucional y el desconocimiento ciudadano no pueden seguir siendo la norma.
El verdadero desafío está en recuperar la confianza en la democracia, reformar las instituciones y garantizar procesos inclusivos y participativos. Solo así podremos hablar, con propiedad, de una auténtica fiesta democrática.
Andrea Condori es periodista de La Razón Plus
