Desde los años 90, Japón vive su “Década Perdida” resultado de los acuerdos del Hotel Plaza impulsados por Estados Unidos para frenar su creciente liderazgo económico. La apreciación del yen, las restricciones “voluntarias” a las exportaciones —especialmente de autos— y el impulso a sectores no transables debilitaron su competitividad, provocando un estancamiento de tres décadas.
En especial se impusieron restricciones cuantitativas a la exportación de autos al mercado estadounidense. Para debilitar la expansión de las exportaciones japonesas se promovió el desarrollo de actividades que no eran transables en el comercio internacional, en especial actividades en el sector inmobiliario. Como afirmó Henry Kissinger: “Es muy peligroso ser enemigo de Estados Unidos, pero es fatal ser su aliado”.
Para enfrentar este estancamiento, Japón aplicó políticas fiscales y monetarias expansivas, con tasas subsidiadas cercanas al 0,5% durante años, financiadas por emisión de bonos del Banco de Japón (BoJ). Esto generó un fuerte diferencial con los bonos del Tesoro de Estados Unidos, incentivando el carry trade: endeudarse en yenes baratos e invertir en Treasuries más rentables. Con el tiempo, el BoJ se convirtió en uno de los mayores proveedores de liquidez global.
Para la FED estadounidense fue una mala noticia, porque pone en riesgo su programa de disminución de tasas de interés. Esto afectará el programa de reducción de tasas de interés de la fed y coloca en riesgo de recesión a la economía estadounidense.
El escenario cambió cuando el BoJ redujo su emisión de bonos y elevó su tasa al 1,8%, enviando una señal clara: busca repatriar yenes. Para hacerlo, probablemente venderá parte de sus Treasuries, de los cuales es el principal acreedor de Estados Unidos. Esta decisión complica a la Reserva Federal, que enfrenta el riesgo de frenar la baja de tasas y entrar en una posible recesión. Para la clase media estadounidense —con hipotecas elevadas e inflación persistente— esto puede significar mayores costos financieros, presiones inflacionarias adicionales y una creciente probabilidad de que la siguiente generación viva peor que la anterior.
En Bolivia, estos cambios globales podrían tener efectos directos. Una desaceleración mundial reduciría la demanda de materias primas y los incentivos a exportar. Aunque una tasa de cambio más alta podría mejorar la competitividad externa, esta medida choca con el objetivo de controlar la inflación, un dilema recurrente en la economía boliviana. Sin embargo, existen mecanismos para ajustar el tipo de cambio sin afectar significativamente los precios internos, tema que merece un análisis detallado. Históricamente, en Bolivia las preferencias políticas son por menor inflación y tasas de cambio poco atrayentes para la exportación. La razón es que menores aumentos de precios tienen más réditos políticos.
Aun así, las realidades son dialécticas y mirando desde el punto de vista de los dramáticos desequilibrios de la balanza de pagos boliviana esta tormenta financiera podría convertirse en una oportunidad. Los desequilibrios de la balanza de pagos exigen soluciones creativas y el nuevo equipo económico del país podría encontrar estrategias innovadoras para sortear este contexto internacional adverso. En un próximo artículo se profundizará en las alternativas que Bolivia podría aprovechar para salir fortalecida de este complejo escenario.
