La operación militar de Estados Unidos en Venezuela socava un principio fundamental del derecho internacional, acordado tras los horrores de dos guerras mundiales y el Holocausto: los Estados no deben usar la fuerza para perseguir sus pretensiones territoriales o demandas políticas.
Estoy profundamente perturbado por estos acontecimientos y por algunas de las reacciones que he visto. Está surgiendo una narrativa que busca justificar la intervención militar estadounidense como respuesta al atroz historial de derechos humanos del gobierno de Maduro.
Mi Oficina lleva mucho tiempo condenando graves violaciones de derechos humanos por parte de las autoridades venezolanas. Hemos informado, monitorizado y advertido sobre la situación dentro de Venezuela, más recientemente, justo antes de Navidad. Hemos pedido de forma constante el fin de los juicios injustos, las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas, la persecución de opositores políticos y las restricciones a la libertad de expresión y de reunión. Hemos instado a que se lleven a cabo investigaciones independientes y se garantice la rendición de cuentas. Durante muchos años, mi equipo en Venezuela abogó por la liberación de los defensores de derechos humanos, supervisó juicios y mantuvo un diálogo con la sociedad civil y la oposición, así como con las instituciones del Estado.
Nuestro seguimiento y los informes detallados buscaban impulsar la acción. Cuando un Estado viola los derechos humanos de su población, mi Oficina está entre las entidades encargadas de alertar sobre lo ocurrido. Corresponde a la comunidad internacional utilizar las herramientas y mecanismos legales a su disposición para que los Estados respeten sus obligaciones en materia de derechos humanos. Estos podrían incluir instrumentos diplomáticos y esfuerzos en favor de la rendición de cuentas. Pero estas herramientas y mecanismos no se emplearon eficazmente para influir en el Gobierno de Venezuela.
Lejos de ser una victoria para los derechos humanos, esta intervención militar, en contravención de la soberanía venezolana y la Carta de la ONU, daña la arquitectura de la seguridad internacional, haciendo que cada país sea menos seguro. Envía una señal de que los poderosos pueden hacer lo que quieran y debilita el único mecanismo que tenemos para evitar una Tercera Guerra Mundial, es decir, las Naciones Unidas. Ningún engaño ni distracción puede cambiar estos hechos.
Más allá de los argumentos legales, la historia nos enseña que, aunque los intentos de cambio de régimen puedan ser recibidos inicialmente con alivio, a menudo conducen a violaciones masivas de los derechos humanos, un caos peligroso y conflictos violentos prolongados.
Los derechos humanos de los venezolanos no son una moneda de cambio ni algo que deba ganarse. He visitado Venezuela y hablado con su gente, y siento mucho por ellos en este momento. Siento empatía por quienes esperan desesperadamente noticias sobre sus seres queridos, por las familias separadas y por todos aquellos cuyas mesas estuvieron vacías durante estas fiestas. Los derechos humanos deben ocupar un lugar central en el futuro de Venezuela, no ser una idea secundaria en las negociaciones sobre la explotación de combustibles fósiles. El futuro del país debe ser decidido por su gente.
En términos generales, los derechos humanos no pueden tratarse como una pelota de ping-pong ideológica. No podemos permitirnos que nuestros derechos sean instrumentalizados: invocados cuando les convenga y vilipendiados cuando no lo son. Temo por las personas de la región y de todo el mundo que están profundamente alarmadas por lo que esta violación del derecho internacional significa para su propia seguridad y protección. No se trata de elegir entre una intervención unilateral que vulnera el derecho internacional o ignorar años de violaciones de derechos humanos. Necesitamos más respeto y fidelidad al derecho internacional de los derechos humanos en todo el mundo, no menos.
La sociedad venezolana necesita sanación. Necesita justicia para superar la polarización y reparar su tejido social y económico. No necesita militarización, violencia ni más incertidumbre e inestabilidad.
Por encima de todo, Venezuela necesita que la comunidad internacional deje de limitarse a palabras vacías con respecto a los derechos humanos y defienda la Carta de la ONU y el derecho internacional. De lo contrario, las consecuencias serán terribles en todo el mundo.
Volker Türk
es alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
