En momentos de crisis, reaparece con fuerza la tentación del gesto contundente. Frente a la extorsión y la violencia de los bloqueos, que derivaron en escasez y rechazo social, muchos sostienen que debió dictarse el estado de sitio, como si se tratara de una decisión evidente, casi automática, capaz de restablecer el orden por simple voluntad política.
El planteamiento es comprensible. La indignación suele pedir respuestas tajantes. Pero gobernar no es una prolongación del enojo ciudadano ni una columna de opinión escrita con el pulso acelerado. Gobernar es decidir dentro de un campo minado de restricciones reales.
La situación se parece mucho a la del catedrático que explica con solvencia un modelo económico, llena la pizarra de fórmulas impecables y, al terminar la clase, borra todo sin que se haya movido un solo centavo. Frente a él está el empresario, que decide con información incompleta, asume riesgos reales y sabe que cada determinación puede traducirse en éxito o en quiebra. Ambos pueden conocer la teoría; solo uno paga el costo del error.
Quienes sugieren un “estado de sitio” suelen imaginar un acto de autoridad pura. Piensan que, Constitución en mano y con las fuerzas del orden desplegadas, el conflicto se habría resuelto. Lo que rara vez se incorpora al análisis es la correlación de fuerzas. Un gobierno sin mayoría parlamentaria, con aliados frágiles, sin liderazgos claros y con actores políticos dispuestos a desmarcarse a la primera dificultad, carece del músculo necesario para sostener una medida extrema sin provocar una crisis mayor.
No se trataba solo de fragilidad política. Mientras el poder se debilitaba en la cúspide, en las calles la movilización crecía y los puntos de bloqueo se multiplicaban día tras día, poniendo en evidencia que gobernar ya no era solo decidir, sino evitar que el conflicto desbordara al país.
No basta con que una decisión sea legal; tiene que ser políticamente viable. De lo contrario, no sólo fracasa, sino que fortalece a quienes buscan deslegitimar al Estado, victimiza a los infractores, se vuelve insostenible y erosiona aún más la autoridad institucional. El remedio termina siendo peor que la enfermedad.
Decir que un gobierno hizo lo que pudo y consiguió los objetivos centrales no equivale a absolverlo. Significa reconocer que las decisiones se toman bajo presión, con opciones diversas, y que ninguna salida es gratuita. La concesión de hoy suele convertirse en el problema de mañana. Es previsible, por ejemplo, que los sectores radicalizados interpreten la moderación y el diálogo como signos de debilidad y se envalentonen cuando llegue el momento de encarar las reformas estructurales que el país necesita.
Pero el error simétrico es creer que gobernar consiste en gritar más fuerte o en copiar mecánicamente gestas del pasado sin atender al contexto actual. La historia no funciona como manual de instrucciones. No estamos en 1985. Las circunstancias cambian, los equilibrios políticos también, y las recetas que alguna vez funcionaron pueden resultar inviables o contraproducentes en otro escenario.
La diferencia entre opinar y gobernar la aprendí de manera directa cuando pasé del periodismo a una función pública. El primer día de trabajo en Palacio, el doctor Paz Estenssoro me lo dijo sin rodeos:
“Como periodista, decía lo que quería y no tenía responsabilidades. Ahora está en función de gobierno”.
No fue una frase menor. Me quedó grabada. Fue una advertencia. Gobernar no es decir lo que suena bien, sino hacerse cargo de las consecuencias. Es decidir sabiendo que ninguna acción es inocua y que incluso las decisiones correctas tienen costos.
Confundir el juicio libre del analista con la responsabilidad del gobernante es una tentación recurrente en tiempos de crisis. Y casi siempre termina mal.
Johnny Nogales Viruez
es abogado y analista político
