El director ejecutivo de la Fundación Tierra, Juan Pablo Chumacero, indicó que, ante la grave situación del lago Titicaca, especialmente en la zona del lago menor, en territorio boliviano, presentaron un plan de 32 propuestas para enfrentar esta situación.
Amenazas
Según Chumacero, en los últimos 20 años, el lago menor perdió al menos tres metros de altura, con algunas zonas reducidas a apenas 50 centímetros de profundidad. Esto, dijo, agrava la contaminación y amenaza la vida acuática y las comunidades que dependen de la pesca y la agricultura.
“Esto se debe principalmente por la crisis climática, la sequedad, la sequía, pérdida de lluvias, etc.”, dijo en entrevista con Piedra, Papel y Tinta de La Razón.
El lago menor se encuentra al sudeste de lago. Tiene al menos 2.000 kilómetros cuadrados y se separa por el estrecho de Tiquina del lago mayor. En la cuenca viven más de un millón de personas, y la planta de tratamiento de Puchocollo solo cubre alrededor del 40% de la población, lo que deja gran parte de las aguas residuales sin tratamiento.
La cuenca que alimenta a este lago recoge aguas de cuatro ríos: Seque, Seco, Pallina y Katari. Estos atraviesan El Alto y desembocan en la bahía de Cohana. Según Chumacero, estas aguas transportan contaminantes humanos, industriales y mineros, además de residuos del ganado y plásticos.
También la contaminación industrial es preocupante. Chumacero indicó que existen entre 60 y 70 mataderos ilegales y fábricas que vierten residuos directamente a los ríos. A esto se suma las aproximadamente 23 empresas mineras en Viacha que arrojan cianuro y otros desechos.
Todo ello provoca un exceso de nitrógeno y fósforo que genera proliferación de algas, que afecta peces y plantas.
Propuestas
“Justamente pensando en el escenario que se nos viene. Pensamos en que este texto (32 ideas para salvar el lago Titicaca) debería estar enfocado en propuestas. Ahí se plantean 32 y son de distinto orden”, explicó Chumacero.
Las propuestas pasan por concluir y ampliar plantas de tratamiento de aguas, implementar tecnologías locales accesibles, recuperar riberas con cordones verdes y aprovechar la totora para absorber contaminantes.
También se plantea la formalización de industrias ilegales, la creación de parques industriales con depuración de aguas, la mejora del alcantarillado y la sensibilización de la población.
Gobierno
En la misma emisión, el ministro de Medio Ambiente y Agua, Álvaro Ruiz, también confirmó que aún se encuentran en la primera etapa del Programa de Saneamiento del Lago Titicaca (PCLT). El programa busca implementar plantas de tratamiento de aguas residuales en municipios a orillas del lago.
Sin embargo, según evidenció la agencia de noticias EFE, los proyectos de tratamiento de aguas residuales han sido ineficientes. Y la ampliación y modernización de la única planta de tratamiento lleva años de retraso.
Financiamiento y ‘coimas’
Según un reportaje de Convoca de 2024, en 2016 Bolivia accedió a un crédito de $us 77,3 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y € 8,4 millones de la Unión Europea para financiar el programa. El objetivo era construir 16 plantas de tratamiento y alcantarillado en 13 municipios del altiplano. Sin embargo, la ejecución estuvo marcada por adjudicaciones con irregularidades, demoras injustificadas y denuncias de sobornos. Varias empresas obtuvieron contratos millonarios pese a no contar con experiencia en plantas de tratamiento.
En 2023 la Fiscalía abrió el denominado caso “Coimas”, tras la denuncia de una exfuncionaria del Ministerio de Medio Ambiente. La entonces funcionaria aseguró haber recaudado sobornos para direccionar adjudicaciones de obras. De acuerdo con esa declaración, al menos $us 2,7 millones habrían sido cobrados a empresas constructoras a cambio de contratos, entre ellos los vinculados al plan de saneamiento del Titicaca.
>El escándalo llevó a la detención preventiva del exministro de Medio Ambiente Juan Santos y del exviceministro de Saneamiento Básico y Agua Potable Carmelo Valda, además de otros procesados. Entre los proyectos señalados están las plantas de tratamiento de Achacachi y Desaguadero.
Además, se evidenció que el Gobierno no pudo justificar, hasta el momento de la evaluación, el gasto de más de $us 10 millones efectuados entre 2021 y 2022.
