Natasha Morales Escoffier, coordinadora de Investigación de Oxfam Bolivia y Joaquín Morales Belpaire, director del Centro de Investigaciones Económicas y Empresariales de la Universidad Privada Boliviana (UPB) presentaron un informe sobre el impacto social que tendrá el inevitable ajuste económico que deberá aplicar el siguiente gobierno que empezará su mandato el 8 de noviembre.
Los investigadores explicaron en entrevista con Piedra, Papel y Tinta de La Razón, que una de las primeras medidas a tomar en cuenta en el ajuste es mantener y mejorar las redes de contención social ya existentes que protegen a sectores vulnerables.
“Si quitamos cosas como el subsidio a quién le va a afectar más es a la gente más pobre. Entonces lo que hay que pensar es cómo hacemos un mecanismo de compensación, lo cual debería ser relativamente fácil porque ya hay en Bolivia estructuras de apoyo a la población, como los bonos. Estos mecanismos son redistributivos que funcionan relativamente bien, pero se los puede mejorar”, señaló Morales Belpaire.
Los expertos indicaron que la creación de este tipo de políticas llevaría mucho tiempo para el nuevo gobierno, pues conlleva un proceso medianamente largo. Por lo cual, ellos proponen modificar estas medidas con el fin de proteger a sectores específicos, haciendo un estudio de ingresos económicos que tiene la población.
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“Se pueden otorgar bonos focalizados. En este momento, por ejemplo, sería un error retirar la Renta Dignidad. Porque hay evaluaciones de impacto que han mostrado, que durante la pandemia ha sido la principal red de contención, por lo menos para las áreas rurales. Entonces, se puede eliminar del sistema de transferencias a las personas que tienen ingresos altos y encontrar a las personas vulnerables que necesitan la transferencia”, manifestó la coordinadora.
Comercio informal
Otro aspecto importante que aborda el informe es el crecimiento del comercio informal. “Un 85% de la población trabaja en el sector informal. Un sector que está totalmente desprotegido. No hay mecanismos dentro de la ley del trabajo que proteja sus derechos y estamos hablando de un sector que ha crecido mucho con la participación de las mujeres”, apuntó el director.
Al igual que con los sectores vulnerables, las personas que participan del comercio informal cuentan con instituciones y leyes que velan por sus intereses como el Banco de Desarrollo Productivo y Ley de Micro y Pequeñas Empresas, sin embargo, estás “no están funcionando como deberían”.
El informe estará disponible para su descarga en la página oficial de Oxfam y la UPB, así como en las cuentas de Instagram y Facebook de ambas instituciones.
