El magistrado Boris Arias del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) afirmó que la institución puede seguir funcionando incluso con menos magistrados, debido a que la Constitución no fija un número específico de miembros. La aclaración fue realizada durante una entrevista en el programa Piedra, Papel y Tinta de La Razón Plus.
Arias explicó que la ley del Tribunal Constitucional establece actualmente nueve magistrados titulares, aunque en el pasado la entidad llegó a operar con solo siete e incluso con una sola magistrada, sin que ello generara un vacío de poder. “El diseño constitucional permite continuidad, porque las funciones del Tribunal están estructuradas en salas y comisiones que garantizan la operatividad”, señaló.
Función y composición
El magistrado recordó que el TCP es un órgano extrapoder, es decir, no pertenece al Órgano Judicial, y que su misión principal es controlar la constitucionalidad de las normas emitidas por los distintos niveles del Estado.
Actualmente, el Tribunal trabaja con cuatro salas, cada una conformada por dos magistrados, además de una presidencia que cumple funciones administrativas y de control normativo.
“Cada dos magistrados conforman una sala para revisar acciones tutelares, amparos y libertades. En este esquema no hay riesgo de paralización, aunque el número de miembros varíe”, puntualizó Arias.
Reformas posibles
Consultado sobre la posibilidad de que la Asamblea Legislativa Plurinacional modifique la ley del Tribunal para establecer una composición transitoria mientras se eligen nuevas autoridades judiciales, Arias sostuvo que esa decisión dependería enteramente del legislador. “Desde el punto de vista técnico y descriptivo, la norma no impide una adecuación legal. El número de magistrados ha cambiado antes por decisión legislativa”, precisó. Subrayó que esta definición no se encuentra en la Constitución, sino en la ley específica del Tribunal Constitucional.
“Vacío de poder”
Arias descartó que una eventual cesación parcial de magistrados genere un vacío institucional. Explicó que las comisiones del Tribunal requieren solo dos o tres magistrados para resolver las acciones tutelares y de admisión, y que las decisiones de control normativo —como las de inconstitucionalidad— exigen cinco votos, pero estas son poco frecuentes.
“El Tribunal emite pocas sentencias de control normativo. La mayor carga corresponde a amparos y acciones de libertad, que pueden resolverse sin afectar el funcionamiento del TCP”, aclaró.
Reformas de la justicia
El magistrado también se refirió al debate sobre la reforma judicial anunciada por el nuevo gobierno, prevista para el 9 de noviembre en Sucre. Señaló que los cambios deben surgir desde la ciudadanía y no solo desde las instituciones. “Las reformas deben emerger de quienes sufren la falta de justicia. Los ciudadanos conocen las falencias del sistema”, expresó Arias.
Propuso además que la futura reforma incorpore responsabilidad administrativa para los magistrados, una medida que permitiría mayor control y transparencia sin afectar la independencia judicial.
Coordinación interna
Durante la entrevista, Arias reconoció que existen deficiencias de comunicación interna en el Tribunal Constitucional, tanto entre magistrados como con la directiva. Consideró que mejorar la coordinación es clave para fortalecer el funcionamiento institucional.
“En el derecho, la comunicación es esencial. Si no hablamos el mismo lenguaje, no podremos entender qué buscamos reformar”, reflexionó.
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Tribunal eficiente
Finalmente, Arias sostuvo que el TCP debe reorientar su trabajo hacia la función que le dio origen: el control de constitucionalidad. Criticó la tendencia a involucrarse en temas que exceden sus competencias, como disputas partidarias o conflictos deportivos. “El Tribunal no puede decidir quién dirige un club o qué sesión legislativa vale. Debe volver a su rol original, que es garantizar la supremacía de la Constitución”, subrayó.
El magistrado concluyó destacando que una reforma judicial efectiva debe asignar responsabilidades claras a quienes la diseñen, de modo que los errores o retrocesos puedan ser corregidos con base en criterios técnicos y no políticos.
