El geólogo y exministro de Estado Jaime Villalobos señaló la importancia de que la Asamblea Legislativa retome el tratamiento de los contratos de litio siguiendo con los respectivos estudios y análisis que se deberían hacer para abrir el curso a inversiones extranjeras.
“Bolivia ha perdido no solamente tiempo, sino muchos millones de dólares mal invertidos con una política errónea del monopolio estatal en la generación de la producción primaria de litio que todos los bolivianos conocemos no ha salido bien. Ahora necesitamos recuperar en parte ese tiempo perdido tomando en cuenta las experiencias de países vecinos que conforman con nosotros el triángulo del litio. Viendo cuáles han sido los aciertos de los argentinos y sus defectos, y lo mismo con los chilenos”, indicó en entrevista con Piedra, Papel y Tinta de La Razón.
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De acuerdo con Villalobos, los contratos deben seguir su curso institucional en la Asamblea, que volvió de su receso de fin de año y retomó actividades el pasado viernes. Son los parlamentarios quienes deben señalar las observaciones a los contratos, pero de ninguna manera romperlos.
“Ambos contratos necesitan ser revisados por la Asamblea y una nueva ley de litio no debería interrumpir ese proceso. La continuidad de la política de Estado en el litio debería ser mantenida, y no solamente en litio, sino en todos los proyectos (…) La Asamblea puede aprobarlos, rechazarlos o sugerir enmiendas”, afirmó.
“Valor agregado”
La exautoridad enfatizó en que la explotación de este recurso debe lograr un desarrollo armónico con la generación de ingresos a través del turismo sostenible que genera el Salar de Uyuni. “Lo más importante es comenzar con una explotación sostenible que no destruya nuestro medio ambiente ni cuencas evaporíticas”, indicó.
Finalmente hizo hincapié en la importancia de que el país no solo busque explotar estos recursos, sino pensar en la producción de productos de carbonato de litio con un valor agregado.
Los contratos de litio con dos empresas, una de China y otra de Rusia, no fueron aprobados durante la anterior gestión legislativa. Además, se suspendió su tratamiento por decisión del Tribunal Agroambiental de La Paz hasta que las autoridades administrativas cumplan con requisitos vinculados a la protección de los recursos hídricos, el medio ambiente y la consulta previa a los territorios indígenas originarios de la región.
