La firma del acuerdo entre el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Unión Europea (UE) marcó un hito político y comercial entre ambos bloques. Sin embargo, según explicó el vicepresidente del Parlamento del Mercosur (Parlasur), Mario Herrera, su aplicación todavía depende de una serie de procedimientos legales y administrativos que deben cumplirse en cada país.
“Ahora viene un proceso, esta es la firma, el hito histórico de la firma, pero tiene una serie de normativas que irán saliendo de aquí. Y también, en ese mismo caso, el acuerdo como tal para que sean aprobados por cada uno de los parlamentos de los países miembros”, explicó en entrevista con Piedra Papel y Tinta de La Razón.
El vicepresidente señaló que el documento no fija plazos concretos para completar esas adecuaciones. Al contrario, establece un marco de diálogo político, cooperación y comercio que deberá ser desarrollado progresivamente. En ese sentido, remarcó que los beneficios comerciales no serán inmediatos y que su impacto se proyecta más bien en el mediano plazo.
En el acuerdo suscrito el sábado, la UE anunció la eliminación de aranceles para el 92% de las exportaciones de los países del Mercosur. Otorgará acceso preferencial para otro 7,5% de productos, lo que representa un beneficio estimado en $us 4.700 millones para el bloque regional.
Bolivia
En el caso de Bolivia, el proceso será distinto al del resto de los países del bloque. El país se encuentra en su etapa de adaptación con plazo hasta agosto de 2028 para adecuar su normativa interna. Según Herrera, esta situación implica que Bolivia tardará más tiempo en incorporarse de manera efectiva a los beneficios del acuerdo con la Unión Europea.
Bolivia inició el protocolo de adhesión al Mercosur en diciembre de 2012. Oficialmente, suscribió el nuevo protocolo de adhesión en julio de 2015. Ya en 2024, oficialmente el país figura como el quinto miembro pleno. Los otros son Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay (También está Venezuela que cumple una suspensión desde 2016).
Para ello, Herrera remarcó la necesidad de acelerar el trabajo interno, mejorar la productividad y eficiencia de los sectores productivos y avanzar en la adecuación legal e institucional.
