Las infaustas noticias del 9 de mayo provenientes de la Universidad Tomas Frías de Potosí, anunciando estudiantes universitarios muertos y heridos a causa del lanzamiento de una granada de gas en una asamblea, sumadas a otros hechos luctuosos como los ocurridos en la Universidad Pública de El Alto en marzo de 2021, desataron una serie de acciones policiales y judiciales que derivaron en el apresamiento de supuestos culpables y la prisión preventiva de un dirigente universitario. En el XIII Congreso Nacional de Universidades que se realiza en Potosí, entre el 23 y 27 de mayo, se decidió “de manera unánime” la expulsión del sistema universitario del dirigente en prisión preventiva y otros dos docentes supuestamente involucrados con hechos irregulares. Mientras tanto, medios de comunicación y redes sociales hicieron profusa difusión de información vinculada a los llamados estudiantes y dirigentes “dinosaurios” por su larga estadía en esos roles en las universidades. Por estos hechos, de pronto, la situación de las universidades se puso en la mesa del debate hasta el cuestionamiento.
Esta situación, además de mostrar problemas de carácter organizativo y administrativo, expresa un panorama complejo y delicado que no es motivo de análisis y mucho menos del planteamiento de propuestas y soluciones. A propósito de ello, como dice C. Buarque en su libro La Universidad en una encrucijada (2005), cabe considerar que “En los últimos mil años no ocurrieron grandes cambios estructurales en la universidad. El rol de la universidad poco cambió. Entretanto, la realidad de la situación social en el mundo, como también los avances dinámicos en términos de información, conocimiento, y nuevas técnicas de comunicación y educación, evidencian la necesidad de una revolución en el concepto de la universidad.” La situación de las universidades bolivianas, públicas y privadas, expresa muchos signos de crisis acumulados desde sus orígenes y fundamentalmente por su reducida respuesta y aporte a la sociedad del siglo XXI.
Los viejos retos de las universidades permanecen y afectan su rol político, social, científico y cultural. Por ejemplo, sigue la contraposición del desarrollo del patrón civilizatorio occidental en relación a las concepciones propias de nuestra región como el “vivir bien”; de la corriente materialista y la idealista; del pensamiento positivista-racionalista y otra integral u holística; de la investigación “científica” (denominación a discutir) basada en la supuesta predicción sin márgenes de error y la cualitativa en la cual el investigador interactúa con su entorno; del conocimiento eurocentrista y el conocimiento propio de nuestros pueblos y culturas como expresión del colonialismo del saber. Es más, en estos tiempos marcados por hechos de carácter estructural y graves consecuencias como la crisis civilizatoria, la pandemia del COVID 19 que por sus efectos se convirtió en sindemia, la arremetida de las grandes empresas transnacionales de telecomunicaciones y tecnología a título de educación virtual en el marco de la IV Revolución Industrial, la pregunta es: ¿Qué proponen y qué hacen los centros de educación superior ante este contexto?
Este siglo XXI, entre otros, exige: producción de conocimientos y pensamientos propios desde la realidad boliviana y latinoamericana; soberanía tecnológica capaz de responder a los retos de la tecnología y crear una pedagogía que incorpore de manera complementaria la tecnología a los procesos educativos presenciales antes que solamente adquirir plataformas o programas digitales; investigaciones y proyectos para preservar o recuperar la salud desde una concepción holística; economía sostenible que deje de explotar la naturaleza y a los trabajadores; políticas sociales que reduzcan la brecha pobres-ricos; estrategias para reducir la violencia y discriminación; repensar la democracia liberal y representativa hacia una participativa, comunitaria e intercultural; etc. Se requiere que las universidades contribuyan a generar una educación sensible al contexto, la historia y las circunstancias culturales, políticas y económicas, pertinentes y relevantes en lo social, cultural y económico para el bienestar de los seres humanos, sus comunidades y sociedad. Aspectos que, además de los problemas del último tiempo, requieren plena atención y respuestas precisas con los movimientos sociales, forma primordial de preservar la autonomía de las universidades.
Noel Aguirre Ledezma es educador popular y pedagogo. Fue ministro de Planificación del Desarrollo y viceministro de Educación Alternativa y Especial.
